Esta semana, la Cámara de los Lores ha aprobado finalmente una ley que tipifica como delito el «upskirting» en Inglaterra y Gales, castigado con una pena máxima de dos años de prisión. Ahora sólo falta el ascenso real.
Esta medida tan necesaria llega gracias en gran parte a los esfuerzos de la activista Gina Martin, que sorprendió a un hombre haciéndole fotos indecentes y a escondidas en el festival de música British Summer Time de Londres en julio del 2017. Tras denunciar el incidente a la policía, Martin se quedó perpleja al enterarse de que la vergonzosa práctica del «upskirting» no estaba ya tipificada como delito específico.
Antes de que se aprobara la nueva ley, los infractores podían, en el peor de los casos, encontrarse en el registro de delincuentes sexuales, aunque en la práctica muchos casos no se consideraban lo «suficientemente graves» como para justificarlo.
Así comenzó su larga batalla de 18 meses para ilegalizar el «upskirting». Martin lanzó una petición en Internet que llegó a reunir 50.000 firmas, se hizo viral y obtuvo una gran cobertura mediática.
A pesar del rápido apoyo de la diputada liberal Wera Hobhouse, la campaña estuvo a punto de fracasar por culpa del diputado conservador Sir Christopher Chope, que echó por tierra el proyecto de ley al pronunciar la palabra «objeto» cuando se presentó en el Parlamento.
Afortunadamente, el primer ministro se pronunció, calificando el «upskirting» de «horrible invasión de la privacidad», y el proyecto de ley Voyeurism (Offences) (No. 2) recibió el pleno apoyo del Gobierno en julio del 2018. Sujeta a la sanción real, la ley se modificó esta semana y ahora, finalmente, entra en vigor.
Dado que el Gobierno escocés ya aprobó una ley sobre el «upskirting» (como parte de una actualización de leyes más amplias sobre voyeurismo) en 2010, el Gobierno se ha tomado su tiempo para presentar propuestas para Inglaterra y Gales.
¿Funcionará?
Se le perdonará que piense que se trata de una nueva victoria de la decencia pública. Puede ser, pero ¿hasta qué punto será eficaz? Lamentablemente, la respuesta es «no demasiado».
El problema es que sólo se puede iniciar una acción judicial si se sorprende al autor «in fraganti». Y, por supuesto, la tecnología que puede utilizarse para invadir la intimidad de esta forma indecorosa es cada vez más discreta, pequeña y asequible.
Un ejemplo de ello es el caso de Andrew Macrae. En julio del 2017 se descubrió que el ex vicepresidente de la empresa de venta de entradas Live Nation poseía unas 50.000 imágenes indecentes que había tomado a escondidas y que había acumulado durante un periodo de al menos cuatro años.
Macrae fue descubierto cuando un agente de policía fuera de servicio descubrió una cámara secreta disfrazada de bolígrafo que sobresalía de la bolsa de su portátil mientras grababa a una mujer en una estación de tren. Si alguien se propone grabar a escondidas a desconocidos, lo lógico es que lo haga con mucho cuidado, ¿no?
Gina Martin sorprendió a sus agresores (y se enfrentó valientemente a ellos tras una persecución) actuando en público, quizá envalentonada por el alcohol y despreocupada por encontrarse en una situación de aglomeración en un gran evento al aire libre. No cabe duda de que eran más imprudentes que la típica mujer que se sube a una falda.
Pero ¿qué posibilidades tienen muchas otras mujeres y niños de enfrentarse a delincuentes más retorcidos que, sin duda, habrán tenido en cuenta estos casos anteriores de gran repercusión y habrán sopesado los riesgos en consecuencia, tomando todas las medidas evasivas a su alcance?
Aunque, evidentemente, bienvenido, el largo y tenso camino de esta nueva legislación no es el final de la cuestión: por difícil que sea, si la ley no puede ir un paso por delante de los avances tecnológicos, siempre estará jugando a ponerse al día.
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